He leído el editorial “El Cadillal y la gravedad de no hacer mantenimiento“ (17/01). En este caso, es evidente que la transparencia en la administración de los recursos públicos brilla por su ausencia. Esto obedece a que en Tucumán carecemos de una Ley de Acceso a la Información Pública, un derecho constitucional que se nos niega deliberadamente. Los ciudadanos, al no tener acceso a los documentos públicos, en este caso desconocemos: 1) Los resultados de las inspecciones y auditorías previas que se realizaron. 2) El historial de los mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos que se hicieron (el dique fue habilitado en 1966). 3) El diagnóstico del estado actual de las instalaciones. 4) Las propuestas que se hicieron para controlar o eliminar los riesgos y las amenazas detectadas (especificaciones técnicas, ingeniería, cómputos métricos, presupuesto, etc.). 5) Los antecedentes y la experiencia de los profesionales actuantes. 6) El nivel técnico de la inspección de los trabajos. Sobre la pérdida del volumen útil por colmatación, de la presencia de manganeso en el agua, de la falta de una política de Estado en temas hídricos, mejor ni hablar. Lo grave es que nuestra provincia forma parte, por propia decisión, de una república democrática, pero quienes la gobiernan nos ocultan información o la brindan parcializada o distorsionada, según sean sus intereses personales, partidarios o ideológicos. Resumiendo: el dique y el humedal más importante que tiene Tucumán, y que forma parte de la cuenca Salí Dulce, tiene riesgos y amenazas y los tucumanos desconocemos lo que sucede: las causas, las consecuencias, cómo y quiénes harán las reparaciones y las garantías técnicas que ofrecen. Hoy, como el 25 de Mayo de 1810, el pueblo quiere saber de qué se trata, pero quienes deben responder parecen ser sordos, ciegos y mudos. Ley de Acceso a la Información Pública: los tucumanos cuánto te necesitamos.
Juan Francisco Segura
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